EUROPA DEBE RECORDAR A ESPAÑA QUE PARA SER DEMOCRATA HAY QUE CUMPLIR LAS LEYES

Hemos hablado aquí muchas veces sobre el rechazo y la condena que me inspira el terrorismo y sobre el respeto que me merece el dolor de las víctimas. Por eso entiendo la inquietud de ese colectivo ante la más que inminente anulación de la doctrina Parot el próximo lunes por parte del Tribunal de los derechos humanos de Estrasburgo. Eso es humano, se mueve en el terreno de los sentimientos, no en el del derecho y la justicia.  Lo que no entiendo ni podré entender en absoluto es la actitud de un gobierno como el del PP que ya anuncia que no va a cumplir el fallo si le es desfavorable.  Eso es simplemente una barbaridad. Los gobiernos, las instituciones no están para vengarse de nadie, sino para hacer cumplir las leyes. Las personas afectadas por este fallo fueron condenadas y cumplieron su castigo de acuerdo con unas leyes que hay que cumplir.

Ya fue vergonzosa la actitud de los tribunales que, con evidente desprecio de principios fundamentales del derecho según la primera sentencia de Estrasburgo el verano pasado, han mantenido en prisión sin ninguna justificación a un centenar largo de personas que habían cumplido largas condenas. Por eso  Iñaki IrazabalbeitiaRamón Tremosa y yo misma hemos presentado una pregunta a la Comisión Europea en la que pedimos al ejecutivo comunitario que se implique para que se acate este fallo judicial, le solicitamos una reacción ante la evidente politización de la justicia en España y les pedimos que nos ilustren sobre las garantías que en adelante tendrán los ciudadanos en dicho estado cuando, tras agotar las instancias estatales acudan a los tribunales comunitarios. De momento y si se cumple el desafío lanzado por el ministro del Interior y el propio Rajoy, la respuesta es tan dramática como palmaria: ninguna.

Como se recordará el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ya emitió en primera instancia un fallo desfavorable a España en este caso. En la sentencia se señalaba que la «doctrina Parot» viola los artículos 7 (no hay pena sin ley) y 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia recuerda que el citado artículo 7 del Convenio «prohíbe que el derecho penal sea interpretado de forma extensiva en detrimento del acusado» y estima que el cambio de jurisprudencia aplicado «era imposible de prever». El próximo lunes está previsto que este órgano comunitario haga público el fallo sobre el recurso que presentó España contra la primera decisión. Tanto el Ministro del Interior a través de filtraciones a determinados medios, como el propio Rajoy esta misma semana en respuesta a una pregunta del diputado jeltzale Aitor Estebanhan adelantado que, en caso de que el Tribunal ratifique su primera decisión no van a acatar la sentencia.

IBB.DOCTRINA PAROT Cuando hemos preparado esta pregunta hemos insistido en que su texto esta redactado desde la más profunda y rotunda condena del terrorismo y la violencia y con el objetivo de que las autoridades europeas recuerden al gobierno español que ganará en la credibilidad como demócrata y partidario del estado de derecho si acata las sentencias. Recuerdo que este es el soniquete habitual del PP durante muchos años. La doctrina Parot no respeta los derechos fundamentales de las personas y tampoco las leyes, según el tribunal de Estrasburgo.

Desde la última instancia a la que pueden recurrir los ciudadanos europeos se ha dicho ya una vez que la «doctrina Parot» viola, además de principios básicos como el de no retroactividad, dos artículos del Convenio Europeo de derechos Humanos. España se adhirió a dicho convenio mediante un instrumento de ratificación que obliga a quienes lo firman a acatar las sentencias definitivas de los tribunales en los litigios en que sean parte. Por lo tanto si no se cumple la sentencia se dará, una vez más, un bochornoso espectáculo y no se contribuirá en absoluto al proceso de normalización social y política que entre todos debemos poner en marcha en Euskadi.

Ante la más que probable ratificación del criterio del tribunal europeo que ratificará que la  «doctrina Parot» «vulnera los artículos 5 y 7.1 de la Convención Europea de los Derechos Humanos» hemos querido recordar la obligación legal de España de cumplirla como estado firmante de este convenio.

Todo lo que ha ocurrido en España en este caso es inexplicable si no se conoce la politización extrema que afecta a las más altas magistraturas de la justicia española. Recientemente los tres parlamentarios que hemos firmado esta pregunta remitimos junto a otros colegas  una carta a la Comisaria Reading, recordándole este problema y la más que  deficiente división de poderes que hay en España.

Para mí el caso más impresentable y vergonzoso de esa lacra es lo que ocurrió con Juan Mari Atutxa cuando era presidente del Parlamento Vasco. Por eso en la pregunta hemos incluido una mención especial al en su día denominado «Caso Atutxa» mediante el cual el presidente y dos miembros de la mesa del Parlamento Vasco, uno de ellos ex diputado europeo (Gorka Knörr) y la otra desaparecida de la vida pública merced a esta arbitrariedad (Kontxi Bilbao),  fueron injustamente condenados por actividades estrictamente parlamentarias.

Aquello fue vergonzoso. Si recordáis en este caso el Tribunal Supremo español como Juan palomo se lo guisó y se lo comió él solito. Ellos fueron los autores de autos judiciales calificados por los más insignes especialistas en derecho constitucional como ejemplos de aberración jurídica. Se saltaron a la torera todos los principios básicos de la división de poderes. Rectificaron por dos veces a tribunales diferentes que habían absuelto a los acusados y hasta se desdijeron a sí mismos (doctrina Botín) para sacudirle a Juan Mari a Kontxi y a Gorka. Creo que es insólito el caso en que un tribunal se dé a sí mismo la razón, tras dos absoluciones dictadas por otros órganos judiciales. Encima seis años después este caso sigue pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional que preside un ex militante del Partido Popular». A este caso podemos sumar cierres arbitrarios de periódicos, imputaciones de ciudadanos que hacen frente a acusaciones colectivas, duras penas por delitos de opinión, encarcelamiento de líderes políticos y criminalización del derecho de manifestación, algunas de cuyas problemáticas hemos traído aquí, a plenos o reuniones del intergrupo de minorías.

Por eso queremos saber qué piensa hacer la Comisión Europea si España no cumple la sentencia y qué garantías quedan para los ciudadanos españoles que agotan la vía jurisdiccional interna.  Además queremos saber si, a juicio de la Comisión Europea  este comportamiento incumple el instrumento de ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Fundamentales y la Convención Europea de los Derechos Humanos. Finalmente nos gustaría una actuación tan enérgica desde Bruselas como la habida en otros casos menos graves que este. Nos parece que su silencio ante la evidente politización del sistema judicial español no es coherente con expedientes abiertos por ejemplo contra Hungría por problemas de división de poderes. Es mejor sanear esto de una vez.

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